La diputada Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa en tribuna para asegurar que los procedimientos de fertilización in vitro y de reproducción asistida en México se realicen conforme a criterios aprobados por la comunidad científica internacional. Frente al sufrimiento de muchos mexicanos con problemas de fertilidad, Sánchez Cordero advirtió sobre el crecimiento de un “mercado negro” de donación de esperma y óvulos, así como de clínicas clandestinas que ofrecen estos servicios sin las regulaciones adecuadas.
La legisladora subrayó la urgencia de legislar en esta área, dado que en México operan tanto establecimientos de reproducción asistida que cumplen con estándares internacionales éticos y médicos, como otros que apenas reúnen las condiciones mínimas o carecen de ellas. La iniciativa, enviada a la Comisión de Salud para su análisis, surge de un diagnóstico que destaca cómo la infertilidad afecta a cientos de miles de personas, parejas y familias en el país, resultando en un problema de salud pública que impacta sus vidas e integridad.
Sánchez Cordero añadió que el problema también pone en riesgo la vida e integridad de los hijos nacidos mediante estos métodos, además de afectar la estabilidad emocional, psicológica y económica del entorno familiar. Sin embargo, señaló que en México existen especialistas capacitados con altos estándares internacionales que pueden ofrecer servicios seguros y de calidad en reproducción asistida.
De acuerdo con datos de COFEPRIS, en 2013 había 52 centros autorizados para técnicas de reproducción asistida en el país, aunque otras fuentes indican que la cifra actual supera los cien, lo cual evidencia la necesidad de regulación para garantizar servicios seguros y de calidad.
La exministra enfatizó que la falta de regulación no solo afecta a los usuarios de estos servicios, sino también a quienes ofrecen tratamientos confiables, dejándolos en un estado de indefensión. Recordó que el Congreso ha intentado en varias ocasiones legislar en este tema, sin éxito, debido a divisiones políticas relacionadas con otros aspectos de la reproducción.
Sánchez Cordero concluyó su presentación con un llamado a buscar una legislación que proteja los derechos humanos y ofrezca seguridad jurídica a quienes necesitan asistencia médica para procrear y a quienes brindan estos servicios.