El Senado de la República aprobó este jueves una declaratoria de reforma constitucional para modificar los artículos 25, 27 y 28, lo que permitirá que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a ser empresas públicas del Estado.
El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, fue el encargado de hacer la declaratoria oficial de estas reformas, que implican cambios al quinto párrafo del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27, y el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución, enfocadas en fortalecer el control estatal en áreas estratégicas.
Tras confirmar que 20 congresos locales aprobaron la reforma, el Senado emitió la declaratoria de aprobación, cuyo propósito es fortalecer las capacidades del Estado en sectores clave como el energético, el servicio de Internet y el aprovechamiento del litio.
Los congresos estatales de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México respaldaron el proyecto.
Según un comunicado del Senado, estas reformas buscan garantizar la seguridad y autosuficiencia energética, además de proporcionar electricidad a los ciudadanos a precios más accesibles.
Una de las modificaciones clave es la eliminación del concepto de “empresas productivas del Estado” en la Constitución, que será sustituido por el de “empresas públicas del Estado”. Además, se aclara que las funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional, no serán consideradas monopolios. Estos cambios buscan asegurar la seguridad y autosuficiencia energética del país y ofrecer electricidad al menor costo posible.
Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado que esta reforma podría contravenir los compromisos de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El IMCO advirtió que la redacción de la reforma es ambigua y que, tras su aprobación en el Senado, será crucial garantizar que la legislación secundaria se alinee con los acuerdos internacionales como el T-MEC, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), y la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea.
El instituto también subrayó la importancia de que México esté preparado para defender la coherencia de sus políticas públicas durante la revisión del T-MEC en 2026. Cumplir con los compromisos internacionales no solo es una cuestión jurídica, sino que también influye en la competitividad del país, ya que estos tratados son clave para expandir el comercio y la inversión, siempre y cuando México mantenga un compromiso firme con sus disposiciones.
