Ante el estancamiento en la elección judicial, los consejeros electorales decidieron acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura para intentar resolver el conflicto.
Sin embargo, persisten divisiones entre los miembros del Consejo General sobre las estrategias a seguir. Según fuentes del organismo, en reuniones privadas del viernes y el domingo, la mayoría de los consejeros concluyó que la vía más efectiva para abordar las 280 suspensiones emitidas por jueces, que han bloqueado el proceso electoral, es a través de la Suprema Corte.
A pesar de ello, en una reunión privada se reportó que la Dirección Jurídica aún no ha trabajado en la documentación necesaria, lo que generó nuevamente exigencias a la Secretaría Ejecutiva para que avance en su preparación. Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto, junto con algunos consejeros, propusieron recurrir al Tribunal Electoral a través de un nuevo juicio, pese a que la Sala Superior no ha emitido un fallo sobre las suspensiones.
Las fuentes indicaron que Taddei prefiere no acudir a la Corte, pues considera que el tiempo de respuesta sería demasiado extenso, y ve en el Tribunal Electoral una opción que podría permitir la reanudación de actividades.
Ambos grupos coincidieron en acudir también al Consejo de la Judicatura Federal para solicitar la acumulación de los 200 recursos que el INE ha presentado en tribunales de circuito, con el fin de agilizar la resolución de los casos.
Desde el 15 de octubre, los consejeros suspendieron todas las actividades del proceso para la elección del Poder Judicial para evitar incurrir en desacato a las suspensiones, las cuales advierten sanciones para el personal involucrado en la organización.
El 23 de octubre, el Tribunal Electoral atendió un recurso del INE en el cual pedía claridad sobre si podía continuar con la elección judicial. Los magistrados confirmaron que podía seguir, pero sin afectar las suspensiones, dejando al INE en la misma situación.
Los consejeros han expresado su preocupación por la paralización del proceso, argumentando que, de continuar así, sería “imposible” que la elección del 1 de junio de 2025 cumpla con los estándares necesarios.
En condiciones normales, el organismo ya habría emitido convocatorias para licitaciones y tendría definida la estructura de la elección. Sin embargo, el INE aún no cuenta con la geografía electoral, ni un calendario de actividades, ni ha instalado la comisión organizadora para el proceso.
