Las empresas agrupadas en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas (Amexgas) han solicitado a la próxima administración federal que revise el esquema de control de precios del gas LP. Según Rocío Robles, presidenta ejecutiva de Amexgas, las regulaciones actuales han reducido casi un 50% del margen comercial, lo que ha dificultado la renovación de la flota de transporte y otras inversiones en infraestructura.
Impacto del control de precios
Durante la presentación del Congreso GLP 2024, Robles explicó que, desde que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso un tope al precio del gas LP, las empresas han experimentado una notable disminución en sus ingresos. Esto ha limitado su capacidad para invertir en infraestructura que garantice mayor seguridad en el sector.
Por ejemplo, indicó que si el precio por litro fuera de 7.50 pesos, un peso podría destinarse a mejoras, pero bajo el esquema actual el precio se fija en aproximadamente 3.97 pesos.
“A raíz de este control, el parque vehicular no ha podido renovarse, y gran parte de la infraestructura, como válvulas, camiones y plantas, está obsoleta. Además, esto no incluye el universo de empresas que operan irregularmente”, destacó.
Consecuencias en la cadena de distribución
Robles señaló que la reducción del margen operativo también ha afectado a los comisionistas, quienes son responsables de llevar el gas LP a los hogares, pero no están plenamente reconocidos dentro de la cadena de distribución.
Inversiones bloqueadas
La directiva afirmó que, si los precios se liberaran, las empresas podrían destinar hasta 175 millones de pesos a mejorar el almacenamiento, transporte y reparación de cilindros, entre otras áreas clave. Además, explicó que alcanzar un precio comercial de 7.50 pesos por litro permitiría inversiones mensuales de 702 millones de pesos en temas de seguridad.
Reuniones con las autoridades
Amexgas ya ha entablado conversaciones con Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), para exponer la situación. Según Robles, los primeros años del control de precios generaron grandes pérdidas para las empresas, lo que ahora se agrava por el incremento natural en el costo del propano y las fluctuaciones en el tipo de cambio.
Dependencia de las importaciones
Otro factor relevante es que el 60% del gas LP en México es importado, principalmente por Petróleos Mexicanos (Pemex). La falta de suministro en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el sureste del país se debe, según Robles, a retrasos en los puertos de Estados Unidos, aunque Pemex no ha explicado oficialmente la situación.
Combate a la pobreza energética
Finalmente, Robles destacó que liberar el precio del gas LP también podría contribuir a reducir la pobreza energética que afecta a al menos 18 millones de personas en México, ya que permitiría a las empresas invertir en infraestructura y ampliar el acceso al energético.
