Esta iniciativa, que fue remitida directamente a la Comisión de Gobernación y Población para su estudio y discusión, tiene como objetivo no solo crear nuevas entidades, sino también redefinir la estructura de las actuales y actualizar ciertos términos relacionados con la inclusión en los nombramientos oficiales.
En cuanto a las nuevas secretarías propuestas, se contempla la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; la Secretaría de las Mujeres; y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además, se plantea renombrar la actual Secretaría de la Función Pública, transformándola en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el propósito de reforzar los mecanismos de control y sanción frente a la corrupción dentro de la administración pública.
Uno de los cambios más significativos es la creación de la Secretaría de las Mujeres, que tendría un papel más destacado en la lucha contra las desigualdades de género y las violencias estructurales, mientras que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones buscaría promover el uso de tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos a los derechos y servicios públicos.
La propuesta también incluye reformas en diversas secretarías, como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se enfocaría más en la gestión de residuos sólidos y la economía circular. Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pondría mayor énfasis en la soberanía alimentaria y en la actualización de la normativa del sector agroalimentario, que no ha sido revisada adecuadamente desde 1976, otorgándole facultades para emitir nuevas normas oficiales mexicanas.
Otro cambio relevante es la expansión de las funciones de la Secretaría de Salud, que asumiría un rol clave en la prevención de enfermedades y la atención integral de la salud pública en el país. Asimismo, se modificaría la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer la diplomacia mexicana en el ámbito internacional.
Por último, la Secretaría de Hacienda sería responsable de diseñar el modelo organizacional de las dependencias y gestionar sus unidades de administración y finanzas.
La propuesta ahora será sometida a un proceso de análisis en la Comisión de Gobernación y Población, donde se prevé que los legisladores debatan los posibles efectos de esta reestructuración, la cual, según el Gobierno, busca modernizar y hacer más eficiente la gestión pública en México.
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La Cámara de Diputados ha comenzado a analizar la propuesta presidencial presentada por Claudia Sheinbaum, la cual plantea una reestructuración profunda de las dependencias del Gobierno federal, junto con la creación de tres nuevas secretarías.
Esta iniciativa, que fue remitida directamente a la Comisión de Gobernación y Población para su estudio y discusión, tiene como objetivo no solo crear nuevas entidades, sino también redefinir la estructura de las actuales y actualizar ciertos términos relacionados con la inclusión en los nombramientos oficiales.
En cuanto a las nuevas secretarías propuestas, se contempla la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; la Secretaría de las Mujeres; y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además, se plantea renombrar la actual Secretaría de la Función Pública, transformándola en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el propósito de reforzar los mecanismos de control y sanción frente a la corrupción dentro de la administración pública.
Uno de los cambios más significativos es la creación de la Secretaría de las Mujeres, que tendría un papel más destacado en la lucha contra las desigualdades de género y las violencias estructurales, mientras que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones buscaría promover el uso de tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos a los derechos y servicios públicos.
La propuesta también incluye reformas en diversas secretarías, como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se enfocaría más en la gestión de residuos sólidos y la economía circular. Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pondría mayor énfasis en la soberanía alimentaria y en la actualización de la normativa del sector agroalimentario, que no ha sido revisada adecuadamente desde 1976, otorgándole facultades para emitir nuevas normas oficiales mexicanas.
Otro cambio relevante es la expansión de las funciones de la Secretaría de Salud, que asumiría un rol clave en la prevención de enfermedades y la atención integral de la salud pública en el país. Asimismo, se modificaría la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer la diplomacia mexicana en el ámbito internacional.
Por último, la Secretaría de Hacienda sería responsable de diseñar el modelo organizacional de las dependencias y gestionar sus unidades de administración y finanzas.
La propuesta ahora será sometida a un proceso de análisis en la Comisión de Gobernación y Población, donde se prevé que los legisladores debatan los posibles efectos de esta reestructuración, la cual, según el Gobierno, busca modernizar y hacer más eficiente la gestión pública en México.
