Ya ha sido sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico
El gobierno mexicano ha confirmado que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad durante el mandato de Felipe Calderón, tiene tres casos penales abiertos en el país. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que García Luna ya ha sido sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, lo que añade un contexto complejo a su situación legal en México.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el gobierno mexicano busca recuperar 600 millones de dólares que García Luna supuestamente desvió a cuentas en Estados Unidos. Este monto representa fondos que, según las autoridades, fueron mal manejados y desviados a través de una serie de empresas y actividades ilegales.

Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se ha solicitado información a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si existen más denuncias o investigaciones en contra del exfuncionario. Rodríguez aclaró que las órdenes de aprehensión en México no están vinculadas a los cargos que enfrenta en Estados Unidos.
Los casos abiertos contra García Luna abarcan delitos significativos. Uno de ellos involucra la introducción ilegal de armamento militar al país, un asunto que se remonta al operativo “Rápido y Furioso”. Este operativo, que implicó la introducción clandestina de más de dos mil armas, buscaba, según sus promotores, desmantelar redes de tráfico de armas, aunque en la práctica resultó en un aumento de la violencia en el país.
El segundo caso se refiere al uso indebido de atribuciones y facultades en la construcción de reclusorios federales. Según la secretaria, este proceso se deriva de una denuncia promovida en 2020, que alega que García Luna favoreció a empresas creadas específicamente para adjudicarse contratos públicos en un esquema poco transparente.
Por último, el tercer caso se relaciona con operaciones de procedencia ilícita y peculado, donde se investiga el papel de García Luna y su familia en un entramado de empresas. Hasta la fecha, se han recuperado algunos activos y se han asegurado propiedades como parte de este proceso. La próxima etapa judicial está programada para enero de 2025, lo que podría tener implicaciones significativas para la justicia en México y la lucha contra la corrupción.