La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, abordó este lunes el desempeño de la policía capitalina en las recientes protestas contra las reformas del Poder Judicial. En su declaración, criticó fuertemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en especial a su presidenta, Norma Piña, señalando el papel del Poder Judicial en el contexto actual del país.
Durante la manifestación en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, coincidiendo con el Gran Premio de México de la Fórmula 1, Brugada resaltó que la policía logró impedir que la protesta afectara el flujo vehicular o el acceso al evento deportivo sin recurrir a la fuerza ni menoscabar el derecho a manifestarse. “Hemos respetado y protegido el derecho a la libre manifestación”, afirmó.
La mandataria subrayó la obligación del gobierno de equilibrar derechos en conflicto, como el de libre circulación y el derecho a protestar.
“Cuando hay dos derechos en aparente conflicto, la autoridad debe garantizar el ejercicio de ambos sin represión ni uso de la fuerza. Eso fue lo que logramos”, detalló.
En respuesta a las declaraciones de Norma Piña, quien acusó al gobierno capitalino de ejercer opresión, Brugada exhortó a Piña a priorizar el respeto a la Constitución.
“Mi preocupación principal es que la Suprema Corte, que debería proteger la Constitución, parece dirigirse hacia el autoritarismo”, manifestó, refiriéndose a un proyecto de sentencia de un ministro que, según Brugada, podría estar actuando fuera de los límites legales. Esta “vía ilegal”, dijo, refleja un Poder Judicial que podría estar tomando decisiones que interfieren en las competencias de otros poderes, algo que considera alarmante.
Brugada señaló que su llamado a la presidenta Piña y a la SCJN pretende prevenir lo que considera un riesgo: que la Corte amplíe su autoridad a ámbitos fuera de su jurisdicción.
“Esperemos que no se avance hacia una vía autoritaria”, concluyó, instando al Poder Judicial a actuar en consonancia con el espíritu de la Constitución y a evitar decisiones que, en su opinión, contradigan las reformas promovidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo.