El presidente del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña, afirmó que el proceso legislativo no presenta ilegalidades, a pesar de los amparos interpuestos en su contra, dado que la Constitución General exige a las entidades adecuar sus marcos normativos en un plazo máximo de 180 días.
En Morelia, Michoacán, el Congreso aprobó con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 ausencias la reforma constitucional en materia judicial, convirtiéndose en el primer estado del país en alinear su legislación local con la reciente reforma constitucional federal.
Después de un intenso debate que duró más de cinco horas en una sesión extraordinaria, los legisladores dieron su apoyo mayoritario a la iniciativa de reforma al Poder Judicial local, presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Michoacán se convierte así en la primera entidad a nivel nacional en homologar su legislación con la reforma judicial federal, aprobada el 15 de septiembre en el Congreso de la Unión.
El gobernador Ramírez Bedolla celebró este logro, afirmando que Michoacán es el primer estado en aprobar su propia reforma al Poder Judicial y destacando que “se acabaron los gobiernos que sirven a unos pocos o que responden a los intereses de élites de poder”.
La reforma incluye la elección directa de magistrados y jueces del Poder Judicial del estado, así como una reestructuración de sus órganos, creando un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
En el proceso de renovación de magistraturas, no será necesaria la insaculación, mientras que para el cambio de la mitad de los jueces sí se aplicará este método, al igual que para las vacantes en juzgados interinos.
El mandatario explicó que solo se insaculará lo necesario para completar el 50% de los espacios que se renovarán en 2025, y destacó que se ha mantenido un diálogo constante con los trabajadores del Poder Judicial para elaborar una reforma que refleje las diversas voces y contribuya a un mejor sistema de justicia.
Ramírez Bedolla añadió que la nueva normativa busca reducir la percepción de impunidad, ya que los jueces serán responsables ante los electores, lo que permitirá una mayor democratización del acceso a la justicia y una administración más transparente del Poder Judicial.
Sin embargo, los diputados de las bancadas opositoras votaron en contra del dictamen, argumentando que la reforma perjudica al Poder Judicial de Michoacán y que no se discutió ni analizó adecuadamente. También señalaron que podría considerarse un desacato a un mandato judicial que ordena la suspensión del voto sobre la reforma en los congresos locales. A pesar de estas objeciones, el presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña, insistió en que no hay ilegalidades en el proceso legislativo.
